ECCHR solicita a la ONU apoyo para el juez español Baltasar Garzón
El ECCHR, junto a otras nueve organizaciones legales y de derechos
humanos, ha presentado una queja ante las Naciones Unidas por el trato ofrecido
al Juez español Baltasar Garzón, instando a su intervención para asegurar el
cumplimiento de los principios fundamentales de independencia judicial e
imparcialidad.
El Sistema Judicial español ha escandalizado recientemente a la opinión pública tanto nacional como internacional, por la admisión de las querellas dirigidas contra el Magistrado por grupos de extrema derecha, contrarios a las investigaciones sobre las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la Guerra Civil española y el posterior régimen franquista. Como resultado de ello, Garzón, conocido por iniciar procedimientos penales contra el dictador chileno Augusto Pinochet, ha sido suspendido temporalmente por tratar de investigar violaciones de los derechos humanos, reconocidas como delitos de Derecho Internacional.
La queja, realizada junto con Lawyers Rights Watch (Canadá), Asian Legal Resource Centre (Hong Kong), Lawyers Without Borders (Canadá), Center for Constitutional Rights (EEUU), International Federation for Human Rights (Francia), World Organization Against Torture (Suiza), National Lawyers Guild (EEUU), International Association of Democratic Lawyers y la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, solicita la intervención de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas encargados de la independencia judicial, la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la protección de los derechos humanos para que comuniquen sus observaciones sobre este asunto ante las autoridades españolas.
A través de la queja, sostenemos que las acciones dirigidas contra Garzón constituyen una interferencia en el Poder Judicial, y suponen una violación de las obligaciones de España de proteger la independencia judicial. Tal independencia es un elemento fundamental del Estado de Derecho y es especialmente importante cuando se trata de investigaciones de graves violaciones del Derecho Internacional. El Juez Garzón es reconocido, internacionalmente, por liderar la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones masivas de los derechos humanos y por sus esfuerzos en fortalecer la jurisdicción universal, por lo que el caso iniciado en su contra tendrá efectos negativos en la lucha contra la impunidad, emprendida por jueces y abogados de todo el mundo.
Por todo ello, consideramos que debe permitirse que Garzón investigue la desaparición de más de 100.000 personas sin la interferencia del Estado ni de grupos privados que se oponen a la investigación. Cualquier desacuerdo con su decisión de investigar debería estar sujeta a revisión judicial y no a un procedimiento penal, como ha ocurrido. También hacemos un llamamiento a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para que insten a España a revisar las leyes de amnistía de 1977 a la luz de la obligación del Derecho Internacional de proteger los derechos humanos e investigar los más graves abusos. Dichas leyes de amnistía facilitan la impunidad de los responsables de violaciones masivas de derechos humanos mientras que deniega a las familias de las víctimas su derecho a conocer la verdad y la posibilidad de poner fin a su sufrimiento.
El Sistema Judicial español ha escandalizado recientemente a la opinión pública tanto nacional como internacional, por la admisión de las querellas dirigidas contra el Magistrado por grupos de extrema derecha, contrarios a las investigaciones sobre las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la Guerra Civil española y el posterior régimen franquista. Como resultado de ello, Garzón, conocido por iniciar procedimientos penales contra el dictador chileno Augusto Pinochet, ha sido suspendido temporalmente por tratar de investigar violaciones de los derechos humanos, reconocidas como delitos de Derecho Internacional.
La queja, realizada junto con Lawyers Rights Watch (Canadá), Asian Legal Resource Centre (Hong Kong), Lawyers Without Borders (Canadá), Center for Constitutional Rights (EEUU), International Federation for Human Rights (Francia), World Organization Against Torture (Suiza), National Lawyers Guild (EEUU), International Association of Democratic Lawyers y la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, solicita la intervención de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas encargados de la independencia judicial, la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la protección de los derechos humanos para que comuniquen sus observaciones sobre este asunto ante las autoridades españolas.
A través de la queja, sostenemos que las acciones dirigidas contra Garzón constituyen una interferencia en el Poder Judicial, y suponen una violación de las obligaciones de España de proteger la independencia judicial. Tal independencia es un elemento fundamental del Estado de Derecho y es especialmente importante cuando se trata de investigaciones de graves violaciones del Derecho Internacional. El Juez Garzón es reconocido, internacionalmente, por liderar la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones masivas de los derechos humanos y por sus esfuerzos en fortalecer la jurisdicción universal, por lo que el caso iniciado en su contra tendrá efectos negativos en la lucha contra la impunidad, emprendida por jueces y abogados de todo el mundo.
Por todo ello, consideramos que debe permitirse que Garzón investigue la desaparición de más de 100.000 personas sin la interferencia del Estado ni de grupos privados que se oponen a la investigación. Cualquier desacuerdo con su decisión de investigar debería estar sujeta a revisión judicial y no a un procedimiento penal, como ha ocurrido. También hacemos un llamamiento a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para que insten a España a revisar las leyes de amnistía de 1977 a la luz de la obligación del Derecho Internacional de proteger los derechos humanos e investigar los más graves abusos. Dichas leyes de amnistía facilitan la impunidad de los responsables de violaciones masivas de derechos humanos mientras que deniega a las familias de las víctimas su derecho a conocer la verdad y la posibilidad de poner fin a su sufrimiento.